Entre 2015 y 2018 el gobierno colombiano se propuso aumentar el área sembrada e incrementar la productividad agropecuaria del país mediante una política de desarrollo llamada “Colombia Siembra”. Para esos propósitos, se le encargó a la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria – UPRA la elaboración de zonificaciones del suelo a nivel nacional por su aptitud productiva para ciertos cultivos promisorios. Los trabajos resultantes sirvieron como fundamento a condicionamientos de acceso al crédito de fomento agropecuario con recursos públicos canalizados por el Fondo de Financiamiento del Sector Agropecuario – FINAGRO. Aunque las labores de espacialización del derecho son frecuentes, la problematización de sus formas espaciales y la (re)configuración, producción e intervención del espacio mediante la actividad experta-burocrática, ha estado enfocada predominantemente en la propiedad. Por ello, desde la óptica de la geografía jurídica, así como la literatura crítica del endeudamiento, esta investigación busca analizar la zonificación agropecuaria como construcción burocrática de una aptitud del suelo excluyente, fundamentada en supuestos de productividad autoevidentes. Así como, su incidencia en el espacio vivido de agricultores de los municipios de Granada, Fuentedeoro y Vistahermosa (Meta) mediante el condicionamiento crediticio. Una aproximación como la sugerida aquí, apunta a problematizar los usos del suelo y a señalar la necesidad de la teoría jurídica de preguntarse por las dimensiones espaciales del derecho que intervienen en las posibilidades de usar la tierra